Documentos internos filtrados de una de las corporaciones petroleras más grandes del mundo han expuesto niveles catastróficos de contaminación ambiental en las regiones ricas en recursos de Colombia. Los datos confidenciales, que ahora circulan entre organizaciones de vigilancia ambiental y medios de comunicación, muestran niveles de contaminación que superan drásticamente tanto los estándares internacionales como los informes públicos de cumplimiento ambiental de la empresa.
Según los archivos filtrados, las pruebas de agua subterránea cerca de los sitios de extracción de la empresa revelaron concentraciones de químicos tóxicos hasta 300 veces por encima de los límites legales, con benceno, arsénico y mercurio entre los contaminantes más prevalentes. Las comunidades locales han reportado durante mucho tiempo patrones inusuales de enfermedades, agua potable contaminada y ganado muriendo, afirmaciones que la corporación ha desestimado consistentemente como no relacionadas con sus operaciones.
“Lo verdaderamente impactante no es solo la escala de la contaminación, sino la tergiversación deliberada en sus informes públicos”, explica la abogada ambientalista Sophia Martínez, quien ha revisado los documentos. “Estos archivos muestran que los ejecutivos fueron completamente informados sobre los niveles de contaminación mientras emitían simultáneamente comunicados de prensa afirmando excelencia ambiental y prácticas sostenibles”.
Las comunidades indígenas que residen cerca de las zonas de extracción han experimentado impactos desproporcionados, con encuestas internas de salud filtradas que reconocen tasas elevadas de cáncer y condiciones respiratorias en aldeas río abajo de las instalaciones de procesamiento. La evaluación interna de riesgos de la empresa calificó estos hallazgos como “potencialmente catastróficos para las relaciones públicas”, pero recomendó “continuar negando la causalidad” como la estrategia preferida.
Las autoridades ambientales colombianas han iniciado una investigación urgente tras las revelaciones, con el Ministro de Ambiente calificando la situación como “una emergencia nacional que requiere acción inmediata”. La presión internacional está aumentando mientras las organizaciones ambientales piden cargos criminales contra los ejecutivos corporativos que supuestamente autorizaron la supresión de datos de contaminación mientras continuaban las operaciones en zonas ecológicas sensibles.
Los documentos revelan además los extensos esfuerzos de cabildeo de la empresa dirigidos a debilitar las regulaciones ambientales en Colombia, incluyendo estrategias detalladas para socavar estudios científicos que vinculan las actividades de extracción con el daño ambiental. Mientras avanzan las investigaciones gubernamentales, las comunidades afectadas han anunciado planes para una demanda colectiva buscando compensación por los impactos en la salud y la restauración ambiental de tierras y vías fluviales contaminadas.
